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Medio Ambiente

M.A. Rodríguez i Arias

Investigador del Institut Català de Ciències del Clima

El verdadero dilema de Copenhague

14 de octubre de 2009

Foto: lessandro Pautasso

El próximo mes de diciembre se presenta caliente en Dinamarca, y no porque las predicciones climáticas estacionales anticipen ninguna anomalía térmica en Escandinavia. Entre los días 7 y 18, Copenhague será la sede de la decimoquinta Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La COP15 de este año no debería pasar desapercibida, ya que servirá para definir la respuesta de la humanidad ante el cambio climático. En resumen, se pretende llegar a un acuerdo global sobre cómo deben reducirse las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) a partir del año 2012.

En la práctica se discutirá sobre el volumen de emisiones a reducir, la evolución temporal de éstas y los mecanismos permitidos para hacerlo. En realidad, sin embargo, este planteamiento es incorrecto e incluso ingenuo. En Copenhague la humanidad se enfrenta con un dilema aún más básico, es decir, el coste que suponen la mitigación, el impacto y la adaptación. A pesar de las voces de muchos economistas, el gasto más bajo consiste en reducir las emisiones. Pero la mitigación tiene un problema: para ser efectiva debe hacerse pronto y hay que pagar de golpe, con el acuerdo de todos los estados y con sistemas de verificación y control.

Si las emisiones no se reducen y no se opta por la mitigación, los costes del impacto y la adaptación se sufrirán mucho más. Estos, sumados a lo largo del tiempo, serán mucho más altos que los de la mitigación. Y todo sin parecerlo, porque ese dinero no deberá ponerse de golpe, sino de manera gradual durante décadas. Tampoco lo tendrán que hacer todos los países o en las mismas cantidades (algunos de ellos, como Rusia o Canadá, incluso podrían beneficiarse). Para enfrentarse con estos costes tampoco se necesitan acuerdos internacionales, y cada estado deberá ir por su cuenta.

Así pues, el dilema de Copenhague es simple y está entre dos opciones. En un primer escenario los estados optarían por la mitigación y acordarían pagar menos entre todos, pero ahora y de golpe. Los estados deberían ceder en este caso parte de su soberanía, porque cualquier tratado sin mecanismos que velen para su cumplimiento sería papel mojado. La segunda opción pasaría por ir por libre y enfrentarse, país a país, a los costes de los impactos y las necesidades de adaptación derivados de la evolución particular del clima. Sin duda, este gasto será, aunque se pague poco a poco, mucho más elevado.

Un proceso largo

Lejos quedan las primeras alertas de los científicos en los años 60 y 70, las primeras respuestas sociales de la década siguiente y la creación en 1988 del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC, de Intergovernmental Panel on Climate Change) por parte de las Naciones Unidas, con la misión de responder a dos preguntas: ¿hay cambio climático? Y si existe, ¿lo está provocando el hombre? Sólo dos años después, el IPCC publicó su primer informe; dio un “sí” contundente para la primera pregunta y un “tal vez” para la segunda. Poco después, en 1992, la comunidad internacional parecía aceptar el reto cuando en la Conferencia de la Tierra de Río de Janeiro firmaba la CMNUCC. Consistía en un tratado internacional con un compromiso textual, "estabilizar las concentraciones atmosféricas de GEI en niveles que no lleguen a interferir peligrosamente con el sistema climático".

El impacto climático cuesta y costará dinero, y lo que es peor, vidas humanasHasta aquí todo fue fácil. Los problemas surgieron cuando las naciones pasaron de las declaraciones de buena voluntad a la discusión real sobre cómo conseguir esta estabilización. Fueron necesarias tres reuniones COP y un nuevo informe del IPCC (1995), en el que la causalidad humana se declaraba como muy probable, para que en 1997 se acordara el famoso y ya obsoleto protocolo de Kioto. Los países occidentales que hasta entonces habían emitido la mayoría de los GEI se comprometieron en este encuentro en Asia a reducir un 5% sus emisiones conjuntas. Sin embargo, la entrada en vigor definitiva del protocolo quedaba pendiente de la ratificación de la mayoría de los parlamentos de los estados firmantes, algo que no se consiguió hasta 2005. A pesar de su puesta en marcha, Estados Unidos, el principal emisor de GEI hasta no hace mucho, no ha ratificado aún el protocolo y parece ser que no tiene ninguna intención de hacerlo.

Desde el COP3 de Kioto hasta el próximo COP15 de Copenhague, hemos aprendido bastante. Por un lado, los científicos han demostrado más allá de toda duda razonable que la causalidad del cambio climático actual es humana, y que si mantenemos el modelo energético actual (el escenario de emisiones llamado 'continuar como hasta ahora’, en inglés business as usual), la interferencia humana en el sistema climático se situará sin duda por encima de cualquier umbral de peligrosidad. Por otra parte, en términos reales el protocolo de Kioto no ha servido para nada, porque economías emergentes como China e India, que en su momento quedaron fuera de las reducciones acordadas, se han convertido en grandes emisores de GEI. Son las responsables de la mayoría de las emisiones globales actuales que, lejos de reducirse desde 1997, han aumentado de forma continuada.

Durante estos años también hemos aprendido que todo tiene un precio. El impacto climático cuesta y costará dinero, y lo que es peor, vidas humanas. La adaptación de cualquier población humana al cambio climático local supondrá un fuerte coste económico. Cualquier actuación sobre las economías y los modelos de producción y consumo energético que intente minimizar las emisiones de GEI también tendrá un coste considerable.

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