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Sociedad de la Información

Alfred Comín

Periodista TIC

Banda ancha, derecho universal del siglo XXI

11 de noviembre de 2009

Foto: Dave Myers

Europa busca la fórmula milagrosa capaz de hacer realidad la implantación masiva de las redes de nueva generación, las que deben permitir a los ciudadanos sacar todo el provecho a Internet, abrir nuevas oportunidades de negocio y facilitar que el acceso de alta velocidad sea una realidad accesible para todos los ciudadanos sin excepción. Pero ya se ve que tocarles la fibra a las operadoras no será nada fácil.

El escenario de la nueva batalla europea de las telecomunicaciones se llama ‘redes de nueva generación’. En este mercado, en el que las comunicaciones de voz en redes fijas descienden en facturación y el crecimiento de las comunicaciones móviles se ralentiza, la gran esperanza de las operadoras son los servicios en línea, los contenidos y aplicaciones de pago (como la televisión de alta definición en Internet), las aulas en línea y las videoconferencias profesionales o las partidas de videojuegos en tiempo real. Pero para utilizar con comodidad estos servicios y aplicaciones se precisan redes de banda de 100 megabits por segundo (Mbps), y para garantizar esta velocidad es necesario cablear el territorio con fibra óptica. Y eso quiere decir dinero, mucho dinero.

Las operadoras afilan sus armas para este combate, del que saldrán los ganadores y los perdedores del mercado de las telecomunicaciones de los próximos decenios. Como es lógico, las ‘telecos’ son las primeras interesadas en tender estas redes de fibra, pero exigen el derecho a hacer un despliegue selectivo, es decir, sólo donde las inversiones sean rentables. Se trata básicamente de áreas con suficiente densidad de población suficiente, así como zonas de negocios.

Es muy difícil defender las razones de la pervivencia de brechas digitales entre géneros, rangos de edad o poderes adquisitivosLos responsables políticos y los organismos de regulación comprenden sus razones, pero no pueden dar por buena una situación que ofrezca a unos ciudadanos privilegiados la posibilidad de disfrutar de Internet de primera clase y condene a otros a usar conexiones de segunda categoría. A estas alturas de la película tecnológica, resulta muy difícil seguir defendiendo las razones de la pervivencia de brechas digitales entre géneros, rangos de edad o poderes adquisitivos. Y menos aún por zonas geográficas, ya que un territorio sin banda ancha difícilmente podrá atraer inversiones, por lo que quedará marginado.

El pasado mes de septiembre la Comisión Europea publicaba un informe en el que pedía la colaboración de todos los actores implicados en un debate que deberá culminar en 2010. Su objetivo final es que el acceso a Internet a velocidades situadas entre 1 y 2 Mbps sea declarado un derecho universal. Finlandia ha señalado una vez más el rumbo con medidas concretas: a partir de 2010 sus cinco millones de habitantes tendrán garantizado el acceso de 1 Mbps "a un precio razonable", y el gobierno se propone subir el listón hasta los 100 en 2015.

España quiere que este derecho se apruebe en el conjunto de la Unión Europea (UE) durante su próxima presidencia europea. Pero la Asociación Española de Operadores de Telecomunicaciones (Redtel) ya ha dejado claro su rechazo a esta medida. La patronal de las operadoras españolas avisa que en estos momentos de crisis "no tiene sentido aumentar los costes de las empresas inversoras a través de más obligaciones del servicio universal, sino todo lo contrario".

La cuestión es delicada, porque las operadoras son un actor clave para que estos proyectos se materialicen. Ángel Luís López, en su estudio Competencia y regulación en los Mercados Españoles de las Telecomunicaciones, propone adoptar "una estrategia flexible que contemple la adaptación de los precios según la evolución del mercado, prime la construcción de nuevas redes allí donde sea posible y garantice los ingresos del propietario de las redes allí donde no exista densidad suficiente como para crear más de una red". No hay que olvidar, afirma este economista del Centro Sector Público Sector Privado (CSPSP) del IESE, que siempre "es mejor una red que ninguna".

El debate recuerda al clásico conflicto entre los intereses públicos y privados que se viene reproduciendo desde los tiempos del tendido de los ferrocarriles y carreteras, pasando por las primeras líneas de telecomunicaciones. Algunos de los argumentos parecen calcados a los que se oyeron en los exasperantes inicios del acceso a Internet, primero mediante módems de 56 kilobits por segundo (Kbps) y después mediante las sucesivas fórmulas del ADSL.

Esta última tecnología ha sido una solución fácil y económica que ha conseguido que las centenarias redes fijas basadas en el par de cobre hayan pervivido hasta hoy, cuando la media europea de acceso a Internet se sitúa en el 25%. A cambio, ha contribuido a postergar una decisión que otras zonas del mundo (especialmente Corea y Japón) tomaron hace ya años como una de las claves de su competitividad.

Ahora, la apuesta europea por las redes de nueva generación se hace improrrogable para no perder el tren que lleva a la sociedad de la información por la puerta principal. Precisamente éste era uno de los objetivos de la Comunidad Europea cuando emprendió el proceso de liberalización de las telecomunicaciones, hoy todavía inconcluso y cuyo balance arroja luces y sombras. Para disipar los temores de que la privatización de operadoras e infraestructuras acabase menoscabando el concepto de servicio público, la Comisión aseguraba en 1997: "las obligaciones que se imponen a los operadores tienen por objeto garantizar, en todas partes, el acceso de todos a determinadas prestaciones esenciales, de calidad y a un precio asequible".

Apenas una década después muy pocos parecen recordarlo. Tal vez tenga razón Manfred Osten, autor de La memoria robada. Los sistemas digitales y la destrucción de la cultura del recuerdo, cuando asegura que "el ordenador almacena, no memoriza". Pero es más probable que este olvido responda a la necesidad de coger fuerza para la previsible batalla mediática que se avecina. Es probable que en la reunión que la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) convoca en los días 23 y 24 de noviembre en Barcelona, con asistencia de la comisaria Viviane Reding y los actores implicados más representativos, se clarifiquen las respectivas posiciones. Del resultado de esta batalla depende que la banda ancha como derecho universal del siglo XXI se haga realidad o se quede en papel mojado. El mercado único europeo de las telecomunicaciones, que sigue sin concretarse como tal, no se puede permitir un nuevo fracaso.

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