Ciencia para presidentes

Política Científica

Los claroscuros se ciernen sobre la Ley de la Ciencia

Viernes 12 de marzo. Esta es la fecha designada para que Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación, lleve al Consejo de Ministros el anteproyecto de la nueva Ley de la Ciencia. Habrán pasado dos años desde que el Partido Socialista lo incorporara en su programa de gobierno. Dos años que se traducen en un texto lleno de claroscuros que no resuelve, en opinión de miembros de la comunidad científica, los muchos retos que debe afrontar el sistema español de ciencia, tecnología e innovación.

Xavier Pujol Gebellí | 11 de marzo de 2010

Foto: Pimkie

“La nueva Ley de la Ciencia llega con retraso; además, no resuelve ni los problemas que aquejan al sistema ni lo prepara para el futuro”. Si hubiera que expresar en pocas palabras qué opina la comunidad científica acerca de lo que debe ser el marco legislativo que rija su destino en los próximos años, la cita es la que mejor resumiría el malestar que está provocando el texto que Garmendia entregará para iniciar su trámite parlamentario.

“No gusta en absoluto, [la Ley] se limita a resolver aspectos administrativos”; “Es una simple reordenación administrativa”; “Carece de ambición”; “No ataca los grandes retos”. Estas y otras expresiones de perfil similar se han venido escuchando en los pasillos que llevan a la antesala del Consejo de Ministros desde que la última versión del borrador se hiciera pública.

Parto doloroso

La gestación del anteproyecto de Ley ha resultado especialmente larga y compleja. Se inició recién estrenada la legislatura, con un borrador encargado por el entonces Secretario de Estado de Investigación, Carlos Martínez Alonso, cesado recientemente. El simple anuncio de su redactado, en el marco del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, despertó enormes expectativas. La vigencia del actual texto, aprobado en 1986, se antojaba excesiva dados los enormes cambios y la evolución de la ciencia en España. Por otra parte, las circunstancias sociales y políticas de la década de los 80 distan mucho de las actuales. La revisión, por tanto, se entendía como imprescindible.

Con las expectivas altas y lo que se entendía que debía ser un equipo competente al frente del nuevo marco regulatorio, se procedió a un redactado que, sin embargo, pronto levantó suspicacias. El texto fue tildado de reglamentista en exceso y dejaba demasiadas puertas abiertas: la carrera profesional de los científicos quedaba en el aire, el papel de los Organismos Públicos de Investigación (OPI) era confuso y la transformación de los principales órganos de gestión en agencia (otra de las grandes promesas del Partido Socialista) se quedaba a medias. Tras el alud de críticas recibidas, el borrador quedó guardado en un cajón a la espera de un mejor momento para retomarlo.

Finalmente, el momento llegó tras la destitución, un tanto abrupta, de Martínez Alonso. Su sustituto, Felipe Pétriz, tomó las riendas del texto tras un otoño convulso salpicado por la polémica de los recortes presupuestarios. Atrás había quedado una reorganización ministerial a través de la que Ángel Gabilondo, ministro de Educación, recompuso el área de Universidad. Màrius Rubiralta, secretario de Estado con Garmendia, aceptó el cargo de secretario general en Educación. Garmendia se quedaba así sin una suculenta parte del presupuesto, aunque a cambio ganaba en tranquilidad: el conflicto de Bolonia se había saldado en números rojos.
No fue el único encontronazo de la ministra: desde el Ministerio de Industria, Miguel Sebastián reclamaba entonces parte de las competencias que se habían transferido a Ciencia e Innovación. En particular, las asociadas al Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), tradicionalmente vinculado al primero.

Con ese nivel de conflictividad interno, no era de extrañar que el primer borrador de la Ley cayera en inconcreciones que animaron el espíritu combativo de todas las partes, sindicatos incluidos. La falta de definición en la carrera profesional resultó ser un escollo insalvable en esos momentos.

No gusta

El texto surgido bajo la dirección de Pétriz se ha tildado benévolamente como “de compromiso” o incluso “posibilista” en respuesta a un presunto espíritu pragmático. Fuentes ministeriales han apelado a la necesidad de resolver la conflictividad existente, especialmente en el periodo actual, cuando España ostenta la presidencia europea. Por otro lado, que el borrador supere el Consejo de Ministros no implica que vaya a ser de aplicación inmediata. Queda el trámite parlamentario, votaciones incluidas, lo cual añade unos meses a su versión definitiva. La inminencia del verano y la entrada en precampaña electoral, en un año en el que la crisis económica va a pesar mucho en los mensajes de los partidos políticos, podría complicar el trámite.

El texto final podría haber salido del pacto previo entre los dos grandes grupos parlamentarios, el Socialista y el PopularSea como fuere, el texto resultante no satisface a las partes afectadas. Según ha podido saber este medio, el texto final podría haber salido del pacto previo entre los dos grandes grupos parlamentarios, el Socialista y el Popular. El objetivo del pacto podría haber sido consensuar los grandes temas y acelerar el trámite parlamentario. De ser cierto, sin embargo, el objetivo del pacto habría diluido el contenido, redactado apresuradamente en apenas un par de meses y con consultas muy limitadas a expertos.

El resultado final se centra en tres grandes puntos. El primero tiene que ver con la carrera profesional, uno de los puntos principales del debate. El texto recoge mejoras en los mecanismos de acceso a la carrera investigadora, pero perpetúa la fórmula funcionarial, tan denostada por la comunidad científica, en especial cuando se refiere a la figura del investigador independiente (no así cuando se habla de figuras de apoyo a la investigación o a la incorporación de técnicos). Al respecto, la comunidad exige fórmulas mucho más flexibles sometidas a procesos de evaluación y con la liberalización de presupuestos e incentivos. Además, exige mecanismos de “tenure track” equivalentes a los de los países más avanzados en estructuras de investigación.

El segundo gran punto de debate es el referido a la definitiva estructuración de agencias en el seno del sistema de ciencia y tecnología. El objetivo que se perseguía inicialmente, y que viene reclamando la comunidad científica desde hace años, no es sólo la estabilidad presupuestaria sino también la de las estructuras que administran la financiación. La puesta en marcha de una eventual agencia, prevista ya en la Ley de Agencias estatales, es bien vista en general, pero dependerá de su formato final, regulado por el desarrollo de su correspondiente reglamento.

El borrador introduce la figura de la agencia, pero en un formato demasiado ambiguo. Algunas fuentes razonan la dulcificación de posturas por la presunta presión del ministerio de Hacienda. El arranque de una agencia de financiación podría entrar en contradicción con las normas generales de la Administración Pública, algo que no gusta en absoluto a Hacienda.

La tercera pata es de carácter estrictamente legal. El borrador dedica un amplio capítulo a la innovación. Este apartado, por ley avalado incluso con sentencias del Tribunal Constitucional, se entiende como transferido a las comunidades autónomas, por lo que el Estado tiene limitado su margen de maniobra. Asimismo, podría entrar también en contradicción con el redactado de la Ley de Economía Sostenible.

El trámite parlamentario, con sus correspondientes debates, acabará por dictar sentencia, aunque se auguran meses calientes. Las organizaciones que agrupan a becarios o a investigadores en situación precaria han anunciado movilizaciones. Y desde la comunidad científica no sería de extrañar que las protestas ganaran peso a medida que avance el debate. La primavera de 2010 marcará el rumbo definitivo de la próxima Ley de la Ciencia.
VUELTA A LA CULTURA DEL LADRILLO Hace aproximadamente un año, en la primavera del 2009, empezaron a circular rumores sobre la necesidad de no abandonar abruptamente al sector inmobiliario, inmerso como estaba en la explosión de una burbuja económica que arrastraba ya a todos los sectores productivos. Eran épocas de debate acerca del modelo económico español y de lo que se calificaba como el fin de una época marcada por la especulación. Demasiado intereses, probablemente, como para dar portazo a todo un modelo.

Transcurridos unos meses, se habló de la necesidad de introducir cambios en el modelo productivo de forma que el sector industrial ganase peso y que la economía basada en el conocimiento empezara a cobrar forma en las maltrechas arcas del Estado. La innovación, con remodelaciones incluso a nivel ministerial, pasaba a ser protagonista del discurso oficial y la I+D estaba en boca del presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero en cualquiera de sus discursos.

La realidad se ha acabado imponiendo. El Ministerio de Ciencia e Innovación ha perdido peso, incluso el presupuestario; el Plan E se ha saldado con más críticas que alabanzas por su falta de eficacia real; la Ley de la Ciencia puede salir en formato descafeinado; y, lo que es peor, las medidas de choque para frenar la caída del empleo, en lugar de diseñarse a favor de estructuras basadas en el conocimiento, inducen claramente a una vuelta a la cultura del ladrillo con el sector de la construcción como claro protagonista.

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