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Las dificultades para investigar en España

Más de 46 millones de habitantes, 495.532 km2 y 1.415.135 millones de dólares de PIB nominal (según el Fondo Monetario Internacional) separan España de Chipre. Pero ambos países han sido los últimos de la Unión Europea (UE) en poner en marcha el visado científico, un documento aprobado por una directiva europea en 2005 que facilita el acceso al trabajo y la residencia a investigadores extracomunitarios en los países de UE. España está acabando perfilar los detalles para su entrada en vigor, pero su retraso ha provocado más de un dolor de cabeza a científicos atraídos por la ciencia nacional.

Ànnia Monreal | 17 de junio de 2010


Foto: Earl
"No podemos luchar por tener un sistema de investigación atractivo con trabas administrativas que dificultan la llegada de científicos”, lamenta Esther Alsina, gestora de Proyectos de Internacionalización de la Investigación y Apoyo al Investigador de Talència. “¿Cómo podemos vendernos como país captador de talento si no facilitamos la entrada a los investigadores?”, coinciden desde el departamento de Recursos Humanos del Centro de Regulación Genómica (CRG).

Hasta ahora España ha salvado la ausencia del visado científico o, blue card, con otros recursos administrativos que han permitido el establecimiento de extranjeros no comunitarios en el sector científico. Autorización de residencia temporal inicial y reconocimiento de la excepción a la autorización de trabajo, autorización de residencia y trabajo (UGE) y autorización de estancia por estudios y/o investigación han sido las vías para aceptar la llegada de estos profesionales. Parches no exentos de inconvenientes que han permitido la acogida de científicos no europeos.

“La fecha de transposición de la Directiva de Investigadores al ordenamiento español ha venido marcada de forma inevitable por diversos factores”, arguyen desde el Ministerio de Trabajo e Inmigración. “Requería la modificación de la Ley de Extranjería […] cuya reforma requiere del mayor grado de consenso y concertación posible”, señalan. “La reforma legislativa ha supuesto la creación de un nuevo tipo de autorización, que habilita al extranjero a permanecer en España para realizar proyectos de investigación en el marco de un convenio de acogida firmado con un organismo de investigación”.

El 12 de diciembre de 2009 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) número 299 la Ley Orgánica 2/2009, que reforma la Ley Orgánica 4/2000. Y en un plazo de seis meses desde su publicación el Gobierno debía dictar las disposiciones de aplicación y desarrollo necesarias. “La nueva versión de la Ley de Extranjería es una normativa en vigor desde el 13 de diciembre de 2009”, aseguran desde Trabajo. Pero hasta el momento nada se sabe de la aceptación del visado científico.

Odisea

Karla Villaseñor, mexicana, obtuvo en diciembre de 2009 una beca FI de la Generalitat de Cataluña. Acababa de finalizar un máster en Educación Social en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y gracias a la ayuda podría seguir trabajando con el grupo de investigación que la había acogido. “Acababa de volver de México [enero de 2010] cuando supe que para tramitar la visa de trabajo necesitaba regresar a mi país”, cuenta. “Para solicitar la visa y poder firmar el contrato para empezar a cobrar tuve que pedir un préstamo. Como un billete de avión abierto me costaba demasiado compré uno en promoción que me permitía estar un máximo de 30 días en el país. El trámite de la visa tardó más de un mes, así que perdí el vuelo de regreso”.

En México Karla debía solicitar su visado a la embajada española. “Conseguir que respondan una llamada es bastante difícil. Cuando al fin conseguí hablar con una chica me dijo que escribiera un correo electrónico con mis dudas. Lo hice”, aunque esto no aceleró los trámites. “Embajadas y consulados españoles a menudo desconocen qué documentos se requieren para que científicos no comunitarios puedan venir a trabajar a España. No están actualizados”, afirman tanto desde Talència como desde el CRG. La ineficiencia de estos organismos obliga a universidades y centros de investigación a intervenir en el proceso. “Siempre tenemos que hacer de madre”, lamentan en el centro del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Las carencias empiezan con la documentación necesaria para la tramitación de las autorizaciones, “que sólo está en castellano”. El inglés, la lengua franca de la comunidad científica, no aparece en el papeleo.

El consulado español en Rosario (Argentina) sí que fue de gran ayuda para Carlos Bertoncini, ahora investigador del Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona) Pero también contó con la implicación del “departamento de recursos humanos del IRB Barcelona y de mi actual jefe aquí en el laboratorio”, explica. Consiguió su autorización, el certificado de residencia con excepción del permiso de trabajo (la fórmula más utilizada mientras el visado científico no circula), en 20 días. Karla tardó cinco semanas. Pero Carlos no aterrizó en España hasta al cabo de dos meses.

“Mi visado de científico fue presentado simultáneamente con el de mi esposa e hijo”. Esta fue la razón de la demora. Un informe del Nodo Catalán de Apoyo a la Movilidad de los Investigadores, que recoge las dificultades para la aceptación de científicos en España y propone soluciones, relata las complicaciones de estos casos: “No se puede reunir a la familia desde un inicio, los plazos de resolución son muy largos y/o los familiares carecen de habilitación para trabajar de forma automática”.

Más obstáculos

“Ante científicos senior se nos cae la cara de vergüenza”, admiten en el CRGToda la documentación conlleva unas tasas. “Hasta la reformulación de la Ley de Extranjería se pagaban una vez recibido el visado, pero ahora se deben formalizar antes de tener el certificado sin que se haya habilitado ningún procedimiento para poder pagar a la administración española en el extranjero”, sostiene Esther Alsina. El Ministerio no acepta pagos con la moneda oficial de cada país, de modo que al final, “y como solución provisional, es el centro quien paga”, prosigue. Esta fórmula no se ha generalizado, pero sí se han dado algunos casos.

Una vez en España, las dificultades se mantienen. “Consulados y embajadas tramitan el visado pero sin ninguna identificación asociada”, detallan los responsables de Recursos Humanos del CRG. De modo que los investigadores deben acercarse a una comisaría cuando llegan al país, espacio en el que “nadie habla inglés”. “Así que si el científico no habla español lo acompañamos a la comisaría”, declaran desde el CRG.

Además, el certificado expedido por las representaciones españolas en el extranjero tiene vigencia para un año, “no para la totalidad del contrato establecido entre el investigador y el centro”, siguen relatando en el CRG. Esto significa que hay que renovar la tarjeta de residencia, de nuevo en comisaría, trámite que puede alargarse más de un mes. “Durante este tiempo si el investigador tiene que viajar, algo usual en el mundo científico, el resguardo conforme está renovando su permiso no es válido. Hay que solicitar una autorización de regreso”. “Una vez llegado a España no he encontrado grandes trabas, pero sí una infinita lista de trámites burocráticos por hacer que, junto con lo tedioso de la búsqueda de un piso, hace que prácticamente se pierda el primer mes de trabajo en trámites”, admite Carlos Bertoncini.

Tanto Karla como Carlos estuvieron a punto de tirar la toalla y abandonar su idea de trasladarse a España para trabajar. “Ante científicos senior se nos cae la cara de vergüenza”, admiten en el CRG.

Ni Talència ni el Ministerio de Trabajo tienen contabilizados el número de investigadores no comunitarios que trabajan en  Cataluña ni en España. En el CRG, donde la mitad de  su personal es extranjero, un 10% de estos científicos han llegado de fuera de Europa. Las consecuencias nefastas que para profesionales e instituciones supone el desorden burocrático ha llevado al Nodo Catalán de Apoyo a la Movilidad de los Investigadores a “actuar como un lobby” para instar al Gobierno a mejorar las instrucciones para aceptar a investigadores extranjeros. “La UE puso en marcha el visado científico para competir con países como Estados Unidos, donde la recepción de profesionales es más sencilla. Es extraño que Europa no facilite la movilidad de sus científicos”, concluye Esther Alsina.

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