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Ética científica

Doctorandos, becas y dos millones de euros desaparecidos

La precariedad laboral de los jóvenes investigadores la acaba pagando toda la sociedad. Esta factura no bajó de dos millones de euros entre 2006 y 2009, según la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI)-Precarios. La Seguridad Social ha dejado de cobrar esta cifra en todo este periodo porque más de 200 becas doctorales no llegaron nunca a convertirse en contrato, aunque éste fuera obligatorio.

Michele Catanzaro | 12 de febrero de 2010

Foto: Condebiblos

Cuando en 2006 el gobierno español aprobó el Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF), los doctorandos respiraron tranquilos. La ley reconocía el derecho a ser contratados como cualquier otro trabajador y no como becarios. Al menos a partir del tercer año de doctorado, cuando no queda ninguna duda de que un doctorando ya no es un estudiante, sino que está desarrollando tareas de investigador.

Cuatro años más tarde, el sistema de I+D del país aún se resiste a la hora de asumir este derecho. Instituciones públicas y privadas siguen ofreciendo plazas de doctorado pagadas con becas hasta el cumplimiento de la tesis. El coste de esta inercia no la pagan sólo los jóvenes investigadores, obligados a trabajar con sueldos modestos y sin contrato. El precio lo paga toda la sociedad.

La FJI, una asociación que promueve los derechos laborales de los investigadores españoles durante las primeras fases de su carrera, ha presentado varias denuncias a la Inspección de Trabajo en los últimos cuatro años. Éstas han desembocado en actos de liquidación de cuotas a la Seguridad Social por valor de más de dos millones de euros, según informa la Federación. En otras palabras, ésta es la cifra que las instituciones y los jóvenes investigadores deberían haber ingresado al estado si se hubiera cumplido la ley, es decir, si dichos investigadores hubieran sido pagados con contratos en lugar de becas.

El doctorado, un trabajo

Muchas instituciones siguen ofreciendo plazas de doctorado pagadas con becas hasta el fin de la tesis"Los doctorandos aparecen como firmantes en el 90% de las publicaciones científicas españolas", dice Alfredo Caro, vicepresidente de la FJI y doctorando del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL). "Ante datos como esta, es difícil dudar de que lo que están haciendo no sea trabajo, producción de nuevos conocimientos y avances", añade. Así lo reconoció la Comisión Europea en un documento de recomendaciones del año 2005.

"España hizo un primer paso con el EPIF, pero el sistema ha mostrado una inercia a la hora de cumplir la ley", afirma Caro. Según explica el joven investigador, la FJI tuvo que contactar por carta varias entidades para informarles sobre la convocatoria de becas que no se ajustaban al EPIF. "Algunas, como la Fundación La Caixa o la Ramón Aceros, se adaptaron rápidamente al nuevo marco", explica. "Otros reaccionaron sólo ante la inspección de trabajo", añade. Es el caso de la Fundación Caja Murcia y la Universidad de Valencia, que fueron obligadas de este modo a modificar convocatorias y contratar becarios.

Sin embargo, no todos los problemas se pueden resolver por la vía legal. "Muchas convocatorias hablan de una ayuda genérica la investigación, aunque en la práctica se utilizan para pagar a doctorandos", comenta Caro. "En estos casos, una gran parte depende de la interpretación del inspector de trabajo", añade.

Sin embargo, la FJI no afloja. Además de reclamar una formulación más clara de este problema en la futura Ley de la Ciencia, Caro anuncia que la Asociación seguirá con las denuncias.
LA SITUACIÓN EN CATALUÑAEntre las entidades que han otorgado becas en lugar de contratos entre 2006 y 2009, Caro menciona al antiguo Ministerio de Educación y Ciencia, las consejerías de educación de España y León, Andalucía y Canarias, algunas instituciones que dependen del Ministerio de Economía y Hacienda y un largo etcétera de fundaciones privadas. "Actualmente, en Cataluña hay fundaciones que están subvencionando proyectos de investigación que pagan a sus doctorandos con becas, entre ellas la Fundación Marató de TV3 o la Fundación Catalana de Trasplantes (FCT)", afirma.

"Nosotros no tenemos personal investigador propio, no nos ocupamos de la contratación de doctorandos", contesta Carme Basté, directora de la Fundación de la Marató de TV3. "Nos limitamos a dar ayudas a grupos de investigadores, que los gestionan según los criterios de sus instituciones". Sin embargo, Basté afirma que este tema les preocupa. "En nuestras bases ha habido siempre la recomendación de proporcionar condiciones laborales correctas y, además, en la última convocatoria hemos añadido una cláusula de responsabilidad", explica. A la pregunta sobre si el respeto al EPIF será una condición necesaria para superar la revisión anual de los proyectos financiados, Basté contesta que "la convocatoria está para cumplirla".

Daniel Serón, presidente de la FCT, reconoce que las condiciones de los becarios son un problema. "Nosotros otorgamos becas de un año de duración, que no están pensadas para hacer el doctorado", puntualiza. Serón añade que la entidad intenta repartir de la mejor manera los recursos de los que dispone. "Sin embargo, esta manera de operar se puede replantear: nuestra intención es seguir la tendencia de reconocimiento de derechos que se está marcando", añade.

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