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Política Científica

Aprobada la nueva Ley de Ciencia

La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, criticada por los científicos, se ha aprobado con un amplio apoyo político. La norma pretende modernizar e impulsar el sistema de I+D+i español y contempla la creación de una Agencia Estatal de Investigación, pero deja pendientes aspectos fiscales y de financiación

REDACCIÓN | 17 DE MARZO DE 2011

Tras un tortuoso proceso de elaboración, que se ha prolongado durante dos años, finalmente ayer fue aprobada La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El texto se debatió y aprobó en el seno de la Comisión de Ciencia e Innovación con el apoyo de prácticamente todos los partidos parlamentarios, salvo IU e ICV. El siguiente paso es la aprobación de la nueva ley por parte del Senado y previsiblemente entrará en vigor en mayo.

La normativa, que no cuenta con tanto apoyo entre los científicos, sustituirá a la vigente Ley de Investigación Científica y Tecnológica de 1986. Su objetivo es “establecer un marco general para el fomento y la coordinación de la investigación científica y técnica con el fin de contribuir al desarrollo sostenible y al bienestar social mediante la generación y difusión del conocimiento y la innovación”.

El texto reconoce, de forma explícita, la competencia en materia de innovación tanto en Cataluña como en el País Vasco, que ya la tienen transferida, cuando no lo hacía en un primer momento. Además, la ley también incluye dos nuevas estrategias para la gestión del sistema científico español. Por un lado, la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, que se dedicará a conseguir las metas generales establecidas en la ley, por períodos plurianuales, y que definirá los objetivos de investigación científica y técnica del Estado y las Comunidades Autónomas. Y, por otro, la E2i o Estrategia Estatal de Innovación, que pasará a denominarse Estrategia Española de Investigación.

Para relacionar ambas estrategias se creará el nuevo Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, que estará constituido por el Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) y las Comunidades Autónomas. Hasta ahora, no existía en este ministerio un órgano de diálogo con las autonomías, a diferencia de otros departamentos ministeriales.

La ley también contempla la creación de una Agencia Estatal de Investigación, para la financiación de la I+D en España, y otra agencia para financiar la Innovación, que ya existe como tal, adjunta al Ministerio de Ciencia e Innovación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Sin embargo, olvida los incentivos fiscales, para promover el mecenazgo, según el PP, no se ha acompañado de una memoria económica, según IU, y no detalla cómo se financiará la futura Agencia Estatal de Investigación, entre otros déficits.

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